Consolidación de procesos locales para la co-gestión de los espacios urbanos y periurbanos del AMBA con énfasis en la problemática ambiental y la producción sostenible
Objetivo General
Fortalecer las capacidades locales potenciando las articulaciones entre los diferentes actores públicos y privados con foco en el cuidado del ambiente, la planificación territorial y la valoración de los recursos naturales/bienes comunes.
Resumen Ejecutivo
El avance del aglomerado urbano y las tensiones consecuentes en función de la disputa por el uso de la tierra, el aumento de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero, sumado a la falta de resiliencia del sistema agroalimentario del AMBA, los problemas ambientales derivados, la falta de previsibilidad hacia la ocurrencia de eventos extremos y la necesidad de conservar y restaurar espacios verdes comunes, hace en conjunto la problemática a abordar a través de este proyecto. El espacio periurbano del AMBA es clave para la provisión de alimentos de cercanía a la población, a su vez que brinda servicios ecosistémicos y pulmones verdes que contrarrestan los efectos negativos de las urbanizaciones debido a las crecientes emisiones. Se propone desde este espacio trabajar de manera articulada en la co-gobernanza territorial de los recursos naturales del AMBA, en la promoción de la restauración y conservación de espacios verdes comunes y productivos, en abordar las problemáticas socio-ambientales derivadas de la actividades productivas y en contribuir al diseño de estrategias que permitan gestionar los eventos extremos de origen climático. Para ello, se propone fortalecer los procesos de articulación interinstitucional, creando espacios de diálogo y consensos, creación de convenios y otras formas de trabajo que permitan aunar esfuerzos y abordar la problemática desde distintos enfoques. Se espera aportar información y participación que contribuya a la planificación territorial del AMBA, a poner en marcha el funcionamiento de espacios como parques agroalimentarios, planes para la conservación y restauración de espacios verdes comunes y productivos, a la gestión eficiente de residuos, a la transición hacia la agroecología de un mayor número de productores de la zona y a contar con sistemas de alerta que permitan anticiparse a la ocurrencia de eventos extremos de origen climático. Todo lo cual confluye en el aumento de la resiliencia de los sistemas productivos, la soberania alimentaria, el cuidado del ambiente y el balance de Carbono neutro. La participación de los actores del territorio será fundamental para el logro de los objetivos propuestos. Asimismo, la concreción de convenios y postulaciones a proyectos con instituciones externas contribuirá a enriquecer la mirada. De esta manera, el abordaje será desde la investigación, extensión y transferencia, vinculación tecnológica y relaciones institucionales y comunicación estratégica para poder llegar a todos lo segmentos poblacionales a los que se espera alcanzar.
Descripción de Problemas y Oportunidades
Con el crecimiento constante del aglomerado urbano, es inevitable la ocupación de las interfases entre áreas rurales y urbanas (las periurbanas), las cuales están atravesando una profunda transformación en su naturaleza, atribuida a cambios a nivel físico, social y ambiental, lo cual lo hace sujeto de análisis en cuanto a las estrategias de ordenamiento territorial (Pallavi, 2019). Dicho avance, dificulta la permanencia de los productores ya que los obliga a desplazarse hacia áreas periféricas debido a la condición inestable en la tenencia de la tierra, interfiriendo en sus actividades productivas y afectando su estabilidad económica. Las áreas periurbanas constituyen un paisaje físico y social sumamente heterogéneo (Feito, 2018). Los productores agropecuarios situados en territorio urbano-rural, cumplen una función crítica en la producción de alimentos de proximidad y economía local, realizando una diversidad de actividades agropecuarias (Goites et al., 2020). Los nuevos desarrollos inmobiliarios cerrados o abiertos, con recursos de urbanismo paisajísticamente amigable, no dejan de ocupar suelo productivo, expulsando fauna y flora local, atrayendo población a los centros urbanos e incrementando la contaminación. Estas nuevas urbanizaciones ocupan grandes dimensiones, generando barreras a la circulación e interrumpiendo la continuidad de las áreas agrícolas y de los corredores biológicos, alterando gravemente el funcionamiento de las cuencas hidrológicas. El 81% de las urbanizaciones cerradas se ubican en valles de inundación y humedales, generando un gran impacto ambiental y pérdida de patrimonio natural. Asimismo, la heterogeneidad en la ocupación del territorio genera situaciones de conflictividad social y disputa por los usos del suelo, como incrementos en la renta de la tierra, pérdida de rentabilidad de los sistemas agroalimentarios locales y desplazamiento de las actividades agropecuarias intensivas hacia coronas más alejadas del AMBA (Benencia, Quaranta y Souza Casadinho, 2009). A ello, se suma la presión desde las áreas de producción agrícola extensiva aledañas al AMBA, ejerciendo una presión “desde afuera” por competencia de uso del suelo para soja (producción de corte rentista a corto plazo) (Barsky, 2005). Ante la problemática planteada, es necesario implementar normativas que establezcan requisitos para el acceso o mantenimiento en el tiempo de la tierra. Por ejemplo, en Rosario se creó la figura de los parques huertas en el interior o periferia de la ciudad como estrategia inclusiva de transformación (Garraza y Manzoni, 2012). Por otra parte, el Decreto Nacional 835/04 crea el instrumento del Banco Social de Tierras con la finalidad de utilizar inmuebles del Estado Nacional para fines sociales. Entre los considerandos del decreto, se destaca que “en el área rural, los productores familiares y minifundistas, así como los pueblos originarios, conforman economías de subsistencia destinadas al autoabastecimiento, a los cuales se debe brindar apoyo necesario para su desarrollo”. Otro aspecto importante a considerar, es que los ambientes productivos rurales, periurbanos y urbanos, además, son hábitat para un gran número de especies de flora y fauna. En los últimos años, la expansión de la frontera agropecuaria y el avance de la urbanización, han producido cambios sustanciales ingresando en áreas de bosques, praderas, pastizales y humedales, potenciando la destrucción de hábitats, fragmentación de agroecosistemas y disminución de biodiversidad. Adicionalmente, se han deteriorado las interacciones entre los organismos y su ambiente, alterando múltiples procesos que sostienen funciones ecológicas, traducibles en bienes y servicios ecosistémicos (Zaccagnini et al, 2014). A su vez, esta pérdida de espacios verdes potencia los efectos del cambio climático, donde el aumento de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero, contribuyen a que la ocurrencia de eventos extremos, como sequías e inundaciones, sucedan con mayor frecuencia e intensidad, afectando y limitando la capacidad productiva principalmente de los sistemas agropecuarios fuertemente antropizados y poco resilientes. Como consecuencia, la seguridad alimentaria se ve afectada (Altieri y Nicholls, 2017). En este contexto, resulta fundamental desarrollar estrategias que permitan aplicar diversas políticas públicas de mitigación y de adaptación al cambio climático.